Materia: Historia.
Integrante: Escalante Julián; Geist Emiliano.
Tema: Golpe del 55.
Curso: 9°.
Profesor: Ramón Cieri.
INDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. DESARROLLO
2.1 Antecedentes y preparativos
2.2 El golpe del 16 de septiembre de 1955
2.3 Gobierno de Eduardo Lonardi
2.4 Gobierno de Pedro Eugenio Aramburu
2.5 Derogación de la Constitución de 1949 y reforma de 1957
2.6 Política económica
2.7Política cultural y educativa
2.8Relaciones exteriores
2.9La Revolución Libertadora y la oposición peronismo-antiperonismo
3. CONCLUSIÓN
INTRODUCCIÓN
La Revolución Libertadora es el nombre con el que se autodenominó la dictadura militar que gobernó la República Argentina tras derrocar al presidente Juan Domingo Perón mediante un golpe de estado iniciado el 16 de septiembre de 1955 y que, tras más de dos años de gobierno, hizo entrega del mismo al presidente Arturo Frondizi, el 1 de mayo de 1958.
El primer gobernante de la Revolución Libertadora fue el general Eduardo Lonardi, quien fue sucedido por Pedro Eugenio Aramburu.
DESARROLLO
Antecedentes y preparativos
Si bien ya había tenido roces y problemas con diversos sectores (Partido Comunista y socialista, y la Federación Universitaria Argentina), los cruces con los militares comenzaron en ocasión de la reforma constitucional de 1949, que entre otras medidas le otorgaba más atribuciones al gobierno para intervenir en la economía, y esto generaba malestar a las clases conservadoras.
El golpe del 16 de septiembre de 1955
El 16 de septiembre de 1955 estalló en Córdoba la insurrección militar que daría inicio a la autodenominada Revolución Libertadora. Los rebeldes contaron con el apoyo de los llamados comandos civiles revolucionarios, que combatieron contra las tropas leales al presidente Perón en Alta Córdoba, y mantuvieron escaramuzas en distintos puntos del país, ocupando edificios públicos y constituyeron un factor de enlace permanente con los militares sublevados.
Hubo fuertes enfrentamientos entre la Escuela de Artillería, su aliada, la Escuela de Tropas Aerotransportadas y la vecina Escuela de Infantería, leal al gobierno, en las afueras de Córdoba y se combatió en el epicentro de aquella ciudad, sobre todo frente al histórico Cabildo; en la Basa Naval de Río Santiago, atacada por la Fuerza Aérea leal y en el Río de la Plata, donde la Escuadra de Ríos sufrió serios daños. También se produjeron choques en Curuzú Cuatiá (provincia de Corrientes), en Cuyo y Entre Ríos. Hubo duros enfrentamientos entre fuerzas del Ejército y la Aviación Naval en la zona de Sierra de la Ventana y Tornquist y combates de consideración en Bahía Blanca y la provincia de Río Negro donde un convoy fue atacado por aviones navales. Por otra parte, la Marina bombardeó los depósitos de combustible y la Escuela de artillería antiáerea de Mar del Plata, amenazó con hacer lo mismo en la Destilería de La Plata y unidades rebeldes de la Fuerza Aérea atacaron aeródromos y bases leales en diferentes puntos de las provincias de Córdoba y Buenos Aires.
Los enfrentamientos se extendieron del 16 al 21 de septiembre y finalizaron cuando tanques del Ejército cañonearon y demolieron la sede de Alianza Libertadora Nacionalista, en el centro de Buenos Aires, matando a muchos de sus integrantes. Perón renunció a la presidencia y se retiró a Paraguay.
El golpe militar de septiembre de 1955 provocó, entre junio y septiembre, la muerte de casi 2000 personas, entre civiles y militares y significó el triunfo y el festejo para los sectores pertenecientes a las clases media y alta. En otro orden de cosas, constituyó el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina y su Aviación Naval.
Desde un punto de vista formal, los momentos en que Perón cesó en el cargo de presidente y en el que asumieron las nueva autoridades son confusos. El 19 de septiembre al mediodía, Perón escribió una confusa carta dirigida al general Franklin Lucero, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y leal al gobierno constitucional. En la carta Perón da a entender su renuncia:
Hace algunos días... decidí ceder el poder...Ahora mi decisión es irrevocable... Decisiones análogas del vicepresidente y de los diputados... El Poder del Gobierno pasa por ello automáticamente a las manos del Ejército.
Juan D. Perón. Carta al general Franklin Lucero.[1]
La carta fue asumida por Lucero como una renuncia, tras lo cual procedió a formar una junta militar integrada entre otros por los generales José Domingo Molina, Raúl D. Tanco, Juan José Valle, Angel J. Manni, Emilio Forcher y Oscar A. Uriondo, que declaró haber asumido el Poder Ejecutivo. Luego, el general Lucero leyó la carta de Perón, por la cadena de radio y televisión.[2] Sin embargo, esa misma noche Perón se reunió con la junta militar para informarle que él no había renunciado; la junta sin embargo no fue disuelta.[1]
El 20 de septiembre´por la mañana, Perón pidió asilo en la embajada de Paraguay y una vez que le fue concedido subió a bordo del buque paraguayo "Paraguay", una cañonera militar.[1] Ese mismo día, una vez asilado Perón, Lonardi emitió un bando con el nombre de "Decreto Nº 1" por el que se nombra a sí mismo como "presidente provisional de la Nación", solicita el reconocimiento de los otros países y establece la sede provisoria del gobierno en la Ciudad de Córdoba.[1] El 22 de septiembre Uruguay reconoció a Lonardi como presidente de Argentina, en tanto que éste disolvió el Congreso Nacional y nombró interventores en varias provincias.[1]
El 23 de septiembre el general Lonardi y el almirante Rojas llegaron a Buenos Aires. Ese mismo día el primero prestó juramento asumiendo el título de "Presidente Provisional", y al día siguiente designó al almirante Isaac Rojas con el título de "Vicepresidente Provisional".[1] La portada del diario Clarín de ese día convocaba a la población a hacerse presente en la Plaza de Mayo con los siguientes titulares: "Cita de honor con la libertad. Tambien para la República la noche ha quedado atrás".
Gobierno de Eduardo Lonardi
El general Eduardo Lonardi en 1955.
El general Eduardo Lonardi gobernó solo 52 días, hasta ser derrocado por el sector liberal de los golpistas. Además padecía un cancer cuyos síntomas ya eran notables al comienzo de la insurreción y que finalizaría con su vida en marzo del año siguiente.[5] Representaba una fracción de las fuerzas armadas, de orientacíón nacionalista católica, que tenía como objetivo derrocar a Perón y excluirlo de la vida nacional, así como impedir que el peronismo volviera al poder -al menos en lo inmediato-, pero sin recurrir a una represión masiva, ni derogar la Constitución de 1949 y las leyes sociales y laborales que caracterizaron al gobierno peronista.
El lema político que expresaba esa intención fue la consigna pronunciada al asumir el poder, "ni vencedores ni vencidos", tomada de Justo José de Urquiza[] que se convirtió en una de las frases políticas más famosas de la historia argentina.
Al final de su gobierno Lonardi dividió el Ministerio del Interior y Justicia, renunciando entonces el ministro Busso; el 12 de noviembre asumió Luis María de Pablo Pardo como Ministro del Interior y Julio Velar de Irigoyen como Ministro de Justicia.
A poco de asumir el general Lonardi, se manifestaron las diferencias entre las dos alas del gobierno militar:
el ala nacionalista católica, liderada por el propio general Eduardo Lonardi, más proclive a negociar con el peronismo y preservar la mayor parte de las conquistas sociales y laborales realizadas durante los gobiernos de Perón.
el ala liberal, liderada por el vicepresidente almirante Isaac Rojas, sostenía un antiperonismo radical, pretendía erradicar totalmente al peronismo de la vida política y sindical argentina, derogar las medidas sociales y laborales establecidas durante el gobierno peronista, y establecer una política economía dirigida por los economistas más conservadores.
En este primer período de la Revolución Libertadora, el peronismo intentó maniobrar aprovechando las diferencias entre ambas corrientes militares, para obtener ventajas y ganar tiempo para reorganizarse alrededor del movimiento sindical.
Gobierno de Pedro Eugenio Aramburu
El vicepresidente almirante Isaac Rojas y el presidente general Pedro Eugenio Aramburu, al momento de la asunción de este último el 13 de noviembre de 1956.
El general Pedro Eugenio Aramburu asumió la presidencia de facto el día 13 de noviembre de 1955, en tanto que el almirante Rojas, líder del ala liberal, permaneció como vicepresidente. Se inició así una segunda etapa de la dictadura militar, caracterizada esencialmente por adoptar una línea dura frente al peronismo.
Inmediatamente la CGT declaró una huelga general para los días 15, 16 y 17 de noviembre. Ese mismo día el gobierno militar encarceló a más de 9.000 dirigentes sindicales, incluídos Framini y Natalini. El paro solo tuvo adhesión en algunos distritos obreros como Avellaneda, Berisso y Rosario y debió ser levantado al día siguiente de iniciarse. La CGT y la mayor parte de los sindicatos fueron intervenidos por los militares.[10]
En el gabinete del nuevo gobierno se produjeron cambios sustanciales respecto al anterior, participando del mismo desde integrantes de la derecha liberal hasta socialistas.
Las posturas en contra del peronismo se profundizaron, decidiéndose la disolución del Partido Peronista y la inhabilitación política para sus dirigentes más destacados. Además, se investigaron las presuntas irregularidades producidas durante la presidencia de Perón, a partir de la Comisión General de Investigaciones.
Cuando Aramburu consideró, en 1957, que debía levantarse la proscripción contra el peronismo, se enfrentó duramente con su "vice" Isaac Rojas, quién se opuso férreamente.
Derogación de la Constitución de 1949 y reforma de 1957
Artículo principal: Constitución Argentina de 1949
Artículo principal: Reforma de la Constitución Argentina de 1957
Una de las decisiones más importantes del general Aramburu fue la derogación de la Constitución de 1949, mediante proclama del 27 de abril de 1956, declarando nula la reforma constitucional realizada en 1949, e imponiendo la Constitución de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898.
La decisión fue cuestionada por diversos sectores, debido a la imposibilidad jurídica de que se pudiera aceptar que un presidente de facto militar, derogara una constitución e impusiera otra. La derogación por decisión militar de la Constitución, generó una crisis en la Corte Suprema que, si bien aceptaba una cierta legitimidad del régimen por aplicación de la doctrina de los gobiernos de facto, tenía establecido que un régimen así debía ser provisorio y mantener la Constitución como norma suprema. La crisis llevó a la renuncia de uno de los cinco miembros de la Corte, Jorge Vera Vallejo.
Luego de intensas discusiones sobre como resolver la cuestión, el gobierno militar decidió convocar a una Convención Constituyente que convalidara el acto. A tal efecto, se decidió también que los convencionales a la misma serían elegidos en elecciones en las que no pudiera participar el Partido Peronista.
La Convención Constituyente se reunió y, en su primera sesión, procedió a convalidar la decisión del gobierno militar de declarar nula la Constitución de 1949 y establecer la vigencia de la Constitución de 1853, con las modificaciones de 1860, 1866 y 1898. Cuando la Convención Constituyente se preparó para proceder a incluir los derechos humanos de segunda generación (sociales y laborales) y aquellos relacionados con una orientación social de la economía, los sectores conservadores que dominaban la Convención, debido a la ausencia del peronismo y de la UCRI, comenzaron a retirarse para dejar a la Convención sin quorum y evitar las reformas. Pero inmediatamente después de votado el artículo 14 bis, los convencionales conservadores y gran parte de los convencionales radicales dejaron simplemente de asistir a la Asamblea, dejando sin quórum a la Convención, que no pudo siquiera tratar la extensa lista de reformas que se había propuesto. La convención se extinguió así informalmente, circunstancia que fue duramente criticada por todo el espectro político.
Comparada con la Constitución de 1949, la reforma constitucional de 1957 realizó algunos agregados y exclusiones de importancia:
Agregados: derecho de huelga; la movilidad del salario; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical democrática por la simple inscripción en un registro especial; derecho sindical a concertar convenios colectivos; garantías para los representantes sindicales; naturaleza estatal de la seguridad social; participación de los trabajadores en los organismos de seguridad social. Todos los agregados se encuentran en el art. 14 bis.
Exclusiones: derecho de reunión (art. 26); prohibición de discriminar por raza (art. 28); derecho de trabajar (art. 37, I); derecho a la capacitación (art. 37, I); derecho a la preservación de la salud (art. 37, I); derecho a la atención por el Estado de la madre y el niño; igualdad jurídica de hombre y mujer en el matrimonio (art. 37, II); patria potestad compartida (art. 37, II); derechos de la ancianidad (art. 37, III); educación primaria obligatoria y gratuita (art. 37, IV); autonomía universitaria (art. 37, IV); la función social de la propiedad (art. 38); estatización del comercio exterior (art. 40); nacionalización de los recursos mineros y energéticos (art. 40); estatización de los servicios públicos (art. 40); voto directo (arts. 42, 47 y 82).
Política económica
En el ámbito económico, Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Se realizó y se finalizó una buena cantidad de obra pública, como, por ejemplo, la Usina de San Nicolás, en 1957. Se promovió la industrialización de la Patagonia.
Se les cambió el nombre al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Política cultural y educativa
Durante el gobierno de facto de Aramburu, se reabrió el principal teatro judío de Buenos Aires, el IFT (Teatro Popular Judío), de tendencia izquierdista. Isidro Odena, identificado con la izquierda, fue nombrado Director Nacional de Radiodifusión. Por otra parte, se creó el Fondo Nacional de las Artes, cuyo primer directorio estuvo presidido por Victoria Ocampo.
Siguiendo la política de proscripción del peronismo, la dictadura militar reprimió sistemáticamente la expresión de las ideas de esa corriente política. De ese modo, fueron clausuradas publicaciones como la revista "De Frente" y el periódico Palabra Argentina, éste último clausurado el 9 de junio de 1957, simultáneamente con el encarcelamiento de su director, Alejandro Olmos.
Pese a los referido actos de represión de la libertad de prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa, consideró en 1957 que en Argentina existía una amplia libertad de prensa, diferenciándola de lo que ocurría en otros países latinoamericanos.
En materia universitaria, la Revolución Libertadora permitó un régimen de autonomía universitaria, con cogobierno estudiantil, con la salvedad de que las universidades no podían permitir el acceso a la cátedra de docentes peronistas o ligados con el peronismo. El socialista José Luis Romero, fue nombrado rector de la Universidad de Buenos Aires, a partir de una terna elevada por la FUBA.
Simultáneamente al impulso brindado a las universidades nacionales tradicionales, el gobierno militar implementó una política de desfinanciamiento y postergación de la Universidad Obrera Nacional (UON), creada durante el gobierno de Perón, con la evidente intención de organizarla como instituto de formación no universitario. Los estudiantes de la UON se organizaron para reclamar la misma organización y reconocimiento que las demás universidades, y comenzaron a denominarla Universidad Tecnológica Nacional, denominación que finalmente fue adoptada de manera oficial, cuando la misma fue reconocida y organizada como universidad en 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi.
En materia de investigación científica, el gobierno militar reorganizó el CONITYC y lo renombró como Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), designando a su frente al Premio Nobel Bernardo Houssay.
Relaciones exteriores
En el ámbito de las relaciones exteriores, el gobierno de facto de Aramburu libró una dura batalla con Alfredo Stroessner, tanto por motivos geopolíticos como doctrinarios. Como embajador en Uruguay fue nombrado el socialista Alfredo Palacios.
Debido al atentado realizado el 25 de mayo de 1957 por agentes del gobierno militar argentino en Caracas para asesinar a Juan D. Perón, Venezuela expulsó al embajador argentino en ese país, general Federico Toranzo Montero, hecho que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Por otra parte, a partir de la Ley 4144, se anuló la posibilidad de expulsar a extranjeros del país.
La Revolución Libertadora y la oposición peronismo-antiperonismo
La Revolución Libertadora ha sido materia de encendido debates sobre su justificación, en el marco de la oposición entre peronismo y antiperonismo. Históricamente, peronistas y antiperonistas se han acusado mutuamente de no proceder en forma democrática: el peronismo señalando la participación de los políticos antiperonistas en complots, actos terroristas e intentos de golpes de estado; y el antiperonismo señalando el proceder autoritario del gobierno, el control de los medios de comunicación y las acciones represivas.[]
Sin embargo esos debates se han ido atenuando desde la instalación definitiva de la democracia el 10 de diciembre de 1983. Los gobiernos democráticos instalados desde entonces, han tendido a no reconocer legitimidad histórica a ninguno de los gobiernos militares, incluida la Revolución Libertadora, y se han abstenido de utilizar los nombres de sus gobernantes de facto para designar calles, edificios, plazas y otros espacios públicos, así como realizar actos de conmemoración de los golpes, a la vez que se han aprobado iniciativas para cambiar nombres de espacios públicos que llevaban sus nombres. En sentido contrario, los nombres de los funcionarios del gobierno peronista derrocado en 1955, incluido el del presidente Juan D. Perón, han sido aplicados a diversos ámbitos públicos.
Un hecho destacado en esta tendencia es el proceso de cambio de nombre del tramo autopista de la Ruta Nacional Nº 9 que une las ciudades de Rosario y San Nicolás. Al mismo se le había sido impuesto el nombre de Pedro Eugenio Aramburu en 1979, durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. En 2005, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Rosario, aprobó una resolución declarando que la misma debía ser renombrada como Juan José Valle, en memoria del militar peronista fusilado por la Revolución Libertadora. Poco después, ese mismo año, hicieron lo mismo los concejos deliberantes de las ciudades de San Nicolás y Villa Constitución. En 2006, el senador justicialista y ex gobernador de Santa Fe Carlos Reutemann y la senadora Roxana Latorre, presentaron un proyecto de ley imponiendole a la Ruta 9 el nombre de Juan José Valle en toda su extensión, obteniendo la media sanción de la cámara el 11 de abril de 2007; pasado a la Cámara de Diputados, fue aprobado por unanimidad en comisión el 10 de junio de 2008.
El peronismo y algunos otros sectores de opinión, suelen utilizar el término «Revolución Fusiladora» para referirse a éste período, aludiendo a los fusilamientos de 1956, luego de un fracasado el intento de levantamiento contra el régimen militar encabezado por el general Juan José Valle.
En 1970 el general Pedro Eugenio Aramburu fue secuestrado por el grupo guerrillero Montoneros, de extracción nacionalista-peronista, y sometido a lo que la organización llamó un "juicio revolucionario". Según la versión de Montoneros, a Aramburu se le imputaron "108 cargos de traidor a la patria y de asesino de 27 argentinos", refiriéndose en éste último caso, a los fusilamientos derivados del levantamiento del general Juan José Valle. El "juicio revolucionario" impuso pena de muerte al general Aramburu, la que fue ejecutada mediante un tiro de pistola por Fernando Abal Medina el 1 de junio de ese año.[] Algunos historiadores han afirmado que las causas de la muerte de Aramburu fueron más complejas, y estaban relacionadas con las circunstancias políticas en las que se estaba desenvolviendo el gobierno militar de Juan Carlos Onganía, frente al cual el general Aramburu estaba organizando una oposición que llevara a una salida electoral.[36]
CONCLUSIÓN
Concluimos en que los golpes militares se produjeron por crisis económicas, políticas y sociales propias de los distintos momentos históricos y que se caracterizan por quebrar el orden constitucional, eliminar el Parlamento y suprimen los derechos y las garantías constitucionales. De los dieciséis presidentes que se sucedieron entre 1955 y 1983, 7 eran civiles y 9, militares.Los militares llegan al poder para restaurar la estabilidad política, económica o social pero terminan instaurándose como gobiernos de facto, haciendo imperar el autoritarismo que no respeta los derechos de nadie.Sin embargo, caen ante la férrea resistencia del pueblo, que busca vivir en un gobierno constitucional y democrático donde se respeten sus derechos.
Bibliografía
www.monografias.com
www.wikipedia.org
viernes, 7 de noviembre de 2008
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